Agosto 1973       

A fines de agosto de 1973, ante el clima conspirativo existente en el país y las profundas divisiones en la sociedad chilena, el primado de la Iglesia, Cardenal Raúl Silva Henríquez, hizo un último llamado al diálogo y al necesario entendimiento de las diferentes fuerzas políticas, destinado a impedir el desencadenamiento de la violencia y del golpe militar en ciernes, que desde el « Tanquetazo » del 29 de junio avanzaba a raudo paso entre sectores civiles y que había seducido  a vastos sectores de la oficialidad de las FFFA. Decía Silva Henríquez : » La gran mayoría de los chilenos tenemos hambre y sed de justicia...A los grupos políticos y sociales de gobierno y de oposición les imploramos que den los pasos necesarios para crear las condiciones de un diálogo que haga posible un entendimiento ».

Desde el asesinato del edecán naval del Presidente Allende se había verificado que la oficialidad derechista pasaba abiertamente a la insurrección, sobre todo en la Armada, donde conspicuos oficiales ya habían abrazado la causa del golpe de Estado. El grotesco episodio montado por la CIÁ para culpar del asesinato del comandante Araya  a un electricista allendista que trabajaba en la Corfo, José Luis Riquelme Bascuñán, detenido en la vía pública por ebriedad, operación de inteligencia y desestabilización monitoreada por la CIÁ y que contó con la connivencia de oficiales que participaban en la conspiración  (Nicanor Díaz Estrada, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional), el jefe de la Contrainteligencia de Carabineros, Germán Esquivel Caballero (quien pasaría con posterioridad a formar parte del Comando Conjunto y moriría años más tarde en condiciones no elucidadas), amén de políticos DC y del PN, así como de P y L clamaban la intervención militar para poner fin al “gobierno marxista de Salvador Allende”, que había osado atentar a la vida del edecán, un marino ejemplar decían los conspiradores. Las flagelaciones, torturas y apremios infligidos a Riquelme Bascuñán, lo llevaron a auto inculparse e implicar además a funcionarios cubanos de la Embajada de ese país y a Domingo Blanco Tarrés (« Bruno ») del GAP.

La intervención pública radial del general constitucionalista de Carabineros, el Prefecto Fabián Parada, echó por tierra el burdo montaje urdido por la CIA y los conspiradores : « Les habla un general de Carabineros. Yo no he informado al Presidente de la República que tenemos un detenido por el asesinato del comandante Araya (se refería a Riquelme Bascuñan). Eso es totalmente falso...Para estas canalladas que se propalan por la radio yo no me presto... »
Los conspiradores tenían también adeptos en el medio judicial. El fiscal militar Joaquín Earlbaum y el Ministro de la Corte de Apelaciones Abraham Meerson -el mismo que había liberado rápidamente en 1970 a varios implicados en el atentado al general Schneider.

Alfredo Joignant, director de Investigaciones y Hernán Romero, Prefecto, funcionario de carrera, más bien de derecha y muy considerado en círculos policiales, descubrieron en pocos días el hilo oculto de la madeja que llevaba directamente a P y L, oficiales en activo de la Armada y a la CIA. « He hecho muchas investigaciones en mi vida, pero ésta es la más difícil de todas : vamos a tener en contra a los servicios de inteligencia militar y a la CIA ».

Finalmente comenzaron a caer detenidos los participantes directos o indirectos del asesinato del comandante Araya : Mario Rojas Zegers de P y L y algunos que se habían entregado por su propia cuenta al Fiscal naval Aldo Montagna. Estaban implicados varios otros militantes de P y L (Guillermo Claverie Bartet, Mario Necochea Aspillaga, Uca Eileen Lazcano, Guillermo Schilling Rojas, Luis César Palma Ramirez, Odilio Castaño Jiménez, Guillermo Bunster Titsch). Este ultimo confesaría con posterioridad al golpe que las armas recibidas para provocar el caos en Providencia la noche del 26 de julio, habían sido entregadas por el ex cadete de la Escuela Naval Jorge Elhers (fugado en 2003 a Alemania cuando los hijos del comandante Araya interpusieron en su contra una querella). Este había convocado a los militantes de P y L la noche del asesinato : « Habrá un operativo..La Marina se deja caer sobre Santiago...Debemos sembrar el caos y ayudar a las fuerzas navales, disparar a micros incluso con pasajeros a bordo ». El arma que sirvió para asesinar al comandante Araya, era una metralleta Bataan, traídas de contrabando desde Argentina por Miguel Cessa y Roberto Thieme. Esta arma que efectuó el disparo mortal nunca ha sido hallada. « A su padre, le confidenció al hijo de Arturo Araya Peters un ex policía de Investigaciones, hoy jubilado, pero que participó en la investigación de entonces- lo mató un tirador escogido, desde una casona que era un colegio de monjas ».

Por su parte, Roberto Thieme que tenía a su cargo « los grupos operacionales » de P y L y colaboraba con oficiales de la Armada, explicó años después : « Entre  los crímenes que se le atribuyen a P y L hay dos o tres que son accidentes, la muerte del pintor Jorge Henríquez González de Canal 5 en Concepción y el atentado al oleoducto de Curicó ( dos muertos y catorce heridos). Fue por ignorancia, no por querer matar gente. En lo que respecta al comandante Araya, cómo iba yo a mandar matar al edecán del Presidente cuando estaba trabajando con la Armada ? En las muertes del general Schneider y Pérez Zujovic, está la CIA detrás. Jorge Ehlers, ex cadete, entrega armas esa noche, comprometiéndome, porque esas armas yo las había traído de Argentina. La muerte del comandante Araya es obra de la CIA...no fue un accidente ».
La operación de desestabilización llevada a cabo por la CIA y oficiales de la Armada tenía como objeto eliminar a un marino constitucionalista que dentro de poco debía  acceder al Almirantazgo.

Este asesinato intervenía justo en el momento en que la Iglesia Católica desplegaba ingentes esfuerzos por lograr un diálogo entre el gobierno y la DC. Con el fracaso el 2 de agosto del diálogo entre el Presidente Allende y Aylwin, los civiles y oficiales golpistas se frotaron las manos. Agradó sobremanera al vértice que coordinaba la conspiración y al vicealmirante Patricio Carvajal que ese mismo día se regocijó con la noticia del relevo del ministro de Defensa José Tohá.  Fue entonces cuando el senador DC Renán Fuentealba envió un mensaje a Salvador Allende diciéndole que no debía confiar en Aylwin, puesto que estaba comprometido con la conspiración en curso.
En el mes de los gatos, agosto, ambos bandos se hacían ímprobos esfuerzos por, de un lado, apurar la decisión de llevar a cabo un golpe de Estado y por parte del gobierno, resistir e impedir el desencadenamiento de la violencia y la intervención militar.
El fracaso de este diálogo cedió el paso a la cuenta regresiva ya programada por los mandamases de la conjura.

Nixon se inquietaba en Washington por la demora en la acción militar prevista. El jefe de la estación de la CIA en Santiago le envió un cable explicativo :”Si Allende es capaz de restablecer el control sobre la UP, si logra convencer a sus dirigentes de la necesidad de un compromiso destinado a reducir las tensiones políticas y evitar la confrontación, la actitud final de la DC será clave para el éxito de esta salida...Hay un pequeño sector DC que desea continuar el diálogo con el gobierno, pero la situación dentro de las FFAA es muy grave, luego del 29 de junio, la oficialidad superior se ha visto obligada a asumir un papel activo en la elaboración de planes para presionar a Allende o derrocarlo. Pero las FFAA y la Armada no actuarán hasta que el Ejército se decida a actuar...Mientras el comandante en jefe Carlos Prats, el comandante de Institutos militares Guillermo Pickering y el jefe de la guarnición de Santiago Mario Sepúlveda no adhieran al golpe militar, éste no tendrá éxito”. El obstáculo mayor era el general Prats y la verticalidad del mando.

El 7 de agosto la Armada denunció que se había detectado un movimiento subversivo en dos unidades de la Escuadra, en el crucero Almirante Latorre y en el destructor Blanco Encalada, en connivencia se anunció, con “extremistas ajenos a la institución”.

Desde el 29 de junio la Inteligencia Naval había detectado a un grupo de suboficiales y marineros que manifestaban discretamente su oposición al golpe y se habían organizado para, adelantarse a los oficiales golpistas y apoderarse de los buques o hacer frente a un intento golpista de los oficiales quienes no se privaban de hacer saber sus opiniones al respecto. El 5 de agosto fue detenido el sargento Juan Cárdenas sobre el cual recayó la acusación de ser la cabeza del movimiento que tenía ramificaciones en otras unidades de la Escuadra (cruceros Prats y O'Higgins) y en la Escuela de Ingeniería y de Telecomunicaciones de la Armada. Torturado así como los cabos  Blaset, Lagos, Roldán,Aravena, Domíguez y decenas de marineros (Velásquez, Zúñiga, Aguirre, Maldonado, Cordero, Carvajal, Ruiz, Claros, Valderrama, Ibarra, Ayala, hasta un delator, Araneda), el sargento Cárdenas asumiría con entereza la responsabilidad de todo el movimiento.
La Armada acusaba a los suboficiales y marineros de querer tomar el control de los buques y haber participado en reuniones con civiles del MIR (Miguel Enríquez), Mapu (Garretón), y PS (Altamirano). Dichos políticos se manifestaron escépticos en cuanto a la factibilidad del plan esbozado por los marinos. Varias decenas de tripulantes fueron detenidos y torturados salvajemente. A pesar del pesado silencio que cubrió dichos acontecimientos, por parte de las autoridades navales pero también por los partidos de gobierno, salió a luz la ignominia del trato dado por la marina a sus marineros. La mujer del sargento Cárdenas denunciaba en Radio Porteña de Valparaíso estos hechos explicando :”No querían que los utilizaran para llevar a cabo un golpe de Estado...Mi marido estaba también preocupado por Jakarta, porque los planes de la oficialidad eran eliminar a mucha gente”. Antes que terminara la emisión (26 de agosto), infantes de marina allanaron la Radio deteniendo a dos periodistas de la emisora. Era agosto de 1973 y teóricamente el estado de derecho estaba vigente y gobernaba en Chile una coalición de izquierda, la UP y a la cabeza del gobierno se encontraba el Presidente Salvador Allende. Posteriormente, en declaraciones a la prensa los marineros refutarían la acusación de sedición pensando que era justo y legítimo defender la institucionalidad vigente. La sedición estaba del otro lado, en la oposición civil y el Alto Mando Naval, oficiales que con todo desparpajo acusaban a los marineros de “Sembrar dudas sobre el comportamiento constitucional de la marina, agravio al honor de nuestra institución”.
Cerca de 200 marinos fueron detenidos desde agosto de 1973. La Armada refutó las acusaciones de malos tratos y torturas de manera sistemática. 92 marinos fueron condenados a penas de prisión de 3 a 8 años. Muchos, una vez cumplida la pena debieron abandonar el país debido al hostigamiento y acoso del SIN. Dos marinos, Ernesto Zúñiga y Alberto Salazar, decidieron quedarse en Chile participando activamente en la resistencia a la dictadura. Ellos constituyen un ejemplo y una reserva moral que no ha sido suficientemente saludada.
El 7 de agosto el almirante Merino denunció la subversión, fomentada por los marineros con el MIR, el PS y el Mapu, que habían intentado expresó sin sonrojarse “dar un golpe en la Armada”.
El sargento Cárdenas, brutalmente torturado por la marina en pleno gobierno de la UP, se declaró como dijimos único responsable del movimiento antigolpista. Permaneció 13 años recluso. EL MIR, el Mapu y el PS, más de manera remolona algunos partidos de la UP, denunciaron estos hechos y el comportamiento incalificable de los oficiales golpistas, pero algunos partidos mantuvieron un más que discretísimo silencio público, más aún un diario de un partido de un Comité Regional de Concepción, recogió la monserga y acusó a los marineros de “subversivos”. También fueron desafortunadas las declaraciones públicas de Salvador Allende, avalando los dichos de la Armada que denunciaban un “movimiento subversivo en la marina”. Ello resulta más sorprendente cuando se sabe que algunas reuniones entre marinos y políticos se llevaron a cabo en la casa de Laura Allende, hermana del Presidente.

Durante el mes de los gatos el cuerpo de generales del Ejército había arremetido contra la idea de la participación de uniformados en el gabinete del Presidente Allende, salvo si el gobierno accedía a nombrar a 2/3 de ministros provenientes de las FFAA en puestos relevantes. Prats desconfiaba y consideró que se estaba proponiendo un “golpe seco”, a la uruguaya. Desde el 9 de agosto los oficiales que llevaban el pandero en la conspiración acentuaron su acción conspirativa, el general Arellano escribió en sus memorias :”La guerra está declarada! Ahora  sólo cabe la decisión de derrocar al gobierno, después del fracaso de las conversaciones con la DC, además de la subversión en la marina...No podemos esperar más tiempo como espectadores, están en juego los altos destinos de la Patria”. El 17 de ese mes, el general Arellano afinó los detalles del plan de telecomunicaciones para la Defensa Nacional, clave para el golpe. Días antes, el 9 de agosto, el Presidente Allende había tomado juramento al gabinete de “la última oportunidad”, dijo. El MIR lo calificó duramente: “gabinete de capitulación”,

Durante ese mes, P y L declaró que la “tregua había concluido”, con el paro de transportistas alentado por la conspiración civil. Sin embargo, el Cardenal Silva organizó una reunión de Aylwin y el Presidente Allende el 17 de agosto. Aylwin expuso las exigencias para poner fin al paro y devolver tranquilidad al país : acuerdo sobre la delimitación de las áreas de la economía, reintegración de los mineros despedidos de la mina El Teniente, reajuste de precios para la Papelera (para ello se designó una comisión,Víctor Pey por el gobierno y Sergio Molina por la DC)
Ese mismo día el general César Ruiz Danyau presentó su renuncia al cargo de ministro al Presidente Allende, pero éste último le pidió que dimitiera también de  la Comandancia en Jefe de la FACH. El cuerpo de generales de la FACH no estuvo de acuerdo y Allende nombró como Comandante en Jefe a Leigh, aceptando nombrar en el ministerio de Obras Públicas al general Humberto Magliochetti.
La estación de la CIA mantenía informado de todos los detalles a Washington. En un cable fechado ese día el agente estadounidense expresa :” La estrategia de la UP quiere lograr un control total de la producción del país, unido al apoyo popular y al control de sectores claves del Ejército (Santiago), le daría un poder suficiente para enfrentar con éxito la amenaza de sus adversarios. Esto debe ser impedido considera la oposición, por eso que con la anuencia del mando de la conspiración, propugnan una huelga nacional general y acusaciones al Presidente y a todo el gabinete en el Parlamento.

El 23 de agosto la Cámara de Diputados votó mayoritariamente una declaración de ilegitimidad del gobierno. Días antes, se había producido una manifestación de mujeres de generales ante el domicilio del general Prats quien se encontraba con gripe. Poco a poco se fue reuniendo, aparte de las esposas de los generales, militares en servicio activo y en retiro, un número de unas 1500 personas, manifestación que buscaba deslegitimar al general Prats, el último escollo en el Ejército para el éxito del plan golpista. Las mujeres eran portadoras de una carta dirigida a la mujer de Prats, rogándole intercediera  para que éste pusiera término “al descalabro en que se encuentra el país”. Entre ellas estaban  las esposas de los generales Baeza, Palacios, Bonilla, Vivero, Nuño, Cano, Arellano,etc. Era un cobarde agravio infligido a Prats. Este recibió el apoyo y solidaridad de Pinochet, Pickering, y del Presidente Allende, quien ordenó a Carabineros despejar el lugar.

Este episodio mostraba públicamente el distanciamiento de la mayor parte de los generales con Prats, puesto que a la reunión convocada por Pinochet para el día siguiente, los generales cuyas mujeres habían participado en el agravio, fueron remolones a presentar sus disculpas a Prats. Pinochet los increpó con dureza diciendo que se había atentado contra la disciplina y que habría sanciones, agregando en tono intimidatorio :”Esta afrenta se lava con sangre de generales!” y anunció el llamado a retiro de 3 generales. “Las señoras de algunos generales se han comportado como unas verduleras”, concluyó Pinochet.

En sus memorias el general Prats escribió : “No me cabe duda que los generales buscan liberarse de los obstáculos que les impiden un pronunciamiento político institucional -el retiro de los generales Pickering y Sepúlveda, los dos generales con mando más íntegros y que me han acompañado estos ocho meses y que fueron fuerzas claves cuando el amotinamiento del Blindado n°2, me deja sin intermediarios incontaminados por la pasión política. Intenté disuadirlos de dimitir, pero no he sido convincente ¿cómo se puede mantener la disciplina en la oficialidad media y subalterna, claramente perturbada por la acción de la oposición que los ha llevado al paroxismo? Es preferible que me vaya yo, que ya he jugado mis últimas cartas y no ellos que son una esperanza del mantenimiento del profesionalismo prescindente y con porvenir institucional”. Respondiendo a Pickering y Sepúlveda afirma que para restablece la disciplina en el Ejército se debía llamar a retiro a 12 o 15 generales y esto provocaría una guerra civil. Esa tarde, Carlos Prats presentó su renuncia al Presidente Allende, de su cargo de Ministro de Defensa y Comandante en Jefe del Ejército.
Días antes, la Cámara de Diputados había votado la declaración de ilegitimidad del gobierno.
Era un abierto llamado a intervenir a las FFAA. Se acusaba al gobierno de violar las atribuciones de otros poderes del Estado, las garantías otorgadas por la Constitución, amparar la creación de poderes paralelos ilegítimos, atacar a la Corte Suprema, utilizar “resquicios legales”, la no promulgación de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, atropello a la libertad de expresión, violación de la autonomía universitaria, de la libertad de enseñanza, del derecho de propiedad, de los derechos de los trabajadores. En fin, un florilegio de embustes lanzados a diestra y siniestra.

La conspiración quería darle un barniz de legalidad al golpe y efectivamente, esta declaración sería utilizada para justificarlo (Bando n° 5) en el país y en el extranjero. Dicha declaración fue repudiada por varios diputados y dirigentes DC,  entre ellos Leigthon, Fuentealba, Donoso. El 23 de agosto, el Presidente Allende convocó a Pinochet junto a diez generales por él elegidos. Lo acompañaban los generales Urbina, González, Pickering, Sepúlveda, Se trataba de una cena en la residencia de Tomás Moro. Antes de ser asesinado en Washington, Orlando Letelier recordaría que Pinochet en esa ocasión  alardeaba de su lealtad al Presidente y de su amistad con Prats. Por su parte Allende quería saber las razones de la dimisión de Pickering y Sepúlveda.
Ya en la tarde, el general Prats había comunicado al general Leigh y al almirante Carvajal que había dimitido. Tanto el uno como el otro disimularon su satisfacción. El mayor escollo que existía en el Ejército para el éxito del golpe se había autoeliminado.

El 24 de agosto, el general Prats escribió una carta al Presidente Allende. Este reestructuró su gabinete : Letelier (PS) Defensa, general Rolando González Minería, Obras Públicas general Humberto Magliochetti, Hacienda almirante Daniel Arellano, Tierras y Colonización general José María Sepúlveda Galindo.
Mientras tanto habían surgido problemas con algunos generales quienes se negaban a presentar sus expedientes de retiro : Javier Palacios, Sergio Arellano, Arturo Vivero, Oscar Bonilla, Nuño, justamente aquellos que se situaban a la cabeza de la conspiración.
En la carta-renuncia de Prats dirigida a Allende, este había escrito :”Cuando comprendí que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad, he estimado un deber de soldado de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del estado de derecho ni de servir de pretexto a los que buscan el derrocamiento del gobierno. Me permito presentarle mi renuncia indeclinable a mi cargo de Ministro de Defensa Nacional y solicitarle mi retiro de las filas del Ejército al que serví con el mayor celo profesional durante 40 años”.
          

Las puertas del Ejército quedaban así abiertas para el golpe que se venía gestando, puesto que se había autoeliminado el último escollo institucional.

Francisco Javier Peña            
París, 10 de agosto de 2023